Artículos sobre ‘Proceso Civil’

Comentarios relativos al Anteproyecto de Ley de Cooperación Jurídica Internacional

Jueves, 29 de enero de 2015

Luis Bonillo Garrido

Abogado

Después de que haya transcurrido ya más de una década desde que comencé a tramitar Exequaturs en España, -tanto de sentencias como de escrituras de divorcio extranjeras-,   no puedo dejar de realizar los siguientes comentarios sobre el Anteproyecto de Ley de Cooperación Jurídica Internacional, que hemos tenido conocimiento que fue aprobado por Consejo de Ministros  el pasado 4 de julio de 2014.

 Los orígenes de la reforma

 El procedimiento de exequatur se regula en los artículos 951 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, -que continúan vigentes a estos efectos-, de conformidad con la Disposición Derogatoria de la vigente Ley procesal del año 2000, que establece, expresamente, que los citados artículos continuarán en vigor “hasta que se apruebe la Ley sobre Cooperación Jurídica Internacional en materia civil.”

El legislador del año 2000 tenía en mente que la normativa que regulara en el futuro el reconocimiento de sentencias extranjeras sería modificada por una nueva Ley relativa a la Cooperación Jurídica Internacional.

En el momento actual, quince años después, nos encontramos con la aprobación del Anteproyecto de Ley que, presumiblemente, salvo que se introduzcan modificaciones,  se convertirá en la Ley sobre Cooperación Jurídica Internacional que pasará a regular el procedimiento de exequatur en España, quedando derogados  los artículos 951 y siguientes de la antigua LEC de 1881.

El concepto de Exequatur

Cabe destacar que, por primera vez, se hace referencia en el texto del Anteproyecto  al término “exequatur”,  que es una expresión que, desde siempre,  desde el Derecho Romano, se ha utilizado en la práctica forense,  pero que jamás se había recogido en el cuerpo de la Ley. Además no sólo se hace referencia a este término sino que, además, se define expresamente como “el procedimiento para declarar a título principal el reconocimiento de una resolución judicial extranjera y, en su caso, para autorizar su ejecución”.

Por primera vez se engloban dentro de la definición de exequatur estos dos conceptos, no siempre bien definidos, por un lado, el reconocimiento, y por otro, su ejecución. Además se menciona que estas dos acciones se podrán acumular en el escrito de demanda, se podrá pedir tanto el reconocimiento como la ejecución de la sentencia extranjera.

Asimismo, por primera vez,  se pone de manifiesto que no sólo se podrán reconocer sentencias extranjeras sino que también “todo acuerdo aprobado por un órgano jurisdiccional de un Estado”. Además se podrá reconocer “cualquier documento formalizado o registrado oficialmente”. De lo que se deduce que se permitirá el reconocimiento de escrituras notariales, y de convenios reguladores de divorcio homologados por una autoridad judicial, algo que, por otro lado,  ya se permite en la actualidad.

Procedimiento de Homologación en España

El Anteproyecto de Ley define de forma pormenorizada el procedimiento de exequatur sin realizar ningún cambio sustancial ni procedimental con respecto a la normativa  actual.

No podemos dejar de mencionar en este punto que, en nuestra  opinión, cuando se trata de homologar una sentencia extranjera de divorcio de común acuerdo carece de sentido la obligación de notificar a la otra parte la solicitud de exequatur.

Ya nos hemos pronunciado en otros artículos sobre este particular, y no  podemos dejar de hacerlo de nuevo al escribir estas líneas.

Entendemos, en efecto,  que cuando se trata de homologar una sentencia dictada en el seno de un procedimiento civil contencioso conviene notificar a la otra parte la solicitud de exequatur para que la parte a la que pueda afectar la sentencia en otro país manifieste lo que a su derecho convenga, nos parece completamente razonable.

No obstante lo anterior,  cuando se trata de homologar en España una sentencia de divorcio de común acuerdo no parece razonable que se tenga que notificar la solicitud de exequatur al ex cónyuge,  porque quien estaba de acuerdo con el divorcio en el extranjero también lo estará en nuestro país.  No llegamos a entender qué puede argumentar una persona física para oponerse a algo con lo que estuvo conforme en cualquier otra parte del Planeta.  A nuestro  juicio no es necesario que se tenga que notificar a la contraparte porque por experiencia sabemos que la otra parte (que no ha solicitado el exequatur) nunca se opone, y no sólo eso, sino que ni siquiera se persona nunca en el procedimiento.

Por ello, lo reiteramos, una vez más: la notificación a la contraparte es innecesaria, no es razonable, y supone, en definitiva,  que en la  práctica el procedimiento se demora varios meses, e incluso, en ocasiones, queda paralizado sine die, porque no se localiza al ex marido o a la ex mujer que pueden tener su domicilio en cualquier país lejano, en el que las comisiones rogatorias no se tramitan con mucha agilidad.

Procedimiento contradictorio

Observamos, asimismo,  que el legislador regula minuciosamente el procedimiento y lo convierte,  ahora sí,   en un procedimiento contradictorio clásico, en el que una de las partes formaliza demanda frente a otra, y además la demanda deberá ajustarse a los requisitos del artículo 399 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Como novedad procedimental,  la parte que no solicita el exequatur podrá formular escrito de oposición impugnando, de este modo, los motivos por los que el demandante estime que procede el reconocimiento.

En la regulación actual se dice que se deberá “oir” a la contraparte, ahora se dice directamente que la contraparte podrá formular escrito de oposición.

Hasta ahora algunos autores habían defendido que el procedimiento de exequatur no es un procedimiento estrictamente contradictorio, sino que, por el contrario, es un procedimiento de jurisdicción voluntaria. Es más, algunos autores mantienen la idea de que realmente no se trata de una demanda de exequatur, sino que, en puridad, debemos hablar de una solicitud de exequatur. Debo confesar que yo también he sido siempre de esta opinión. Nunca he entendido el procedimiento de exequatur como un procedimiento contencioso, porque no se formula ninguna pretensión contra un tercero,  no se le reprocha  nada a nadie; en mi opinión no cabe hablar de demandado, porque no le estamos pidiendo nada a nadie,  tan sólo pedimos que si una sentencia tiene validez jurídica en un tercer país solicitamos que también la tenga en el nuestro, pero nada más.

Si además queremos que esa sentencia se cumpla en nuestro país deberemos solicitar la ejecución, pero insisto en que no estamos iniciando ninguna pretensión frente a un tercero.

No obstante lo anterior, el legislador actual mantiene la estructura básica de un procedimiento contencioso, en el que existe una demanda, un demandante y un demandado, algo que, en mi opinión, no es correcto. Debería configurarse como un procedimiento de jurisdicción voluntaria, en el que lo que se formula es una solicitud, en concreto, una solicitud de reconocimiento, y en su caso, de ejecución.

Conclusiones

El Anteproyecto de Ley de Cooperación Jurídica Internacional no ofrece ninguna novedad sustancial en lo que se refiere al procedimiento de exequatur en España. La nueva ley no supondrá ningún cambio en el procedimiento, en nuestra opinión, la nueva ley debería agilizar, modernizar y perfeccionar el procedimiento.

Cabe destacar que el anteproyecto aborda otras muchas cuestiones que no se han comentado  en este artículo porque tan sólo nos hemos referido al procedimiento de homologación y ejecución de sentencias extranjeras.

Como conclusión debemos manifestar de nuevo que ésta podría haber sido una buena ocasión para eliminar la necesidad de notificación del exequatur a la contraparte cuando se trate de homologar en España sentencias de divorcio de común acuerdo. Además, el procedimiento debería ser un procedimiento de jurisdicción voluntaria, más sencillo y no articularlo como un procedimiento contradictorio en sentido clásico.

Estos comentarios han sido realizados bajo el convencimiento que cuanto más perfectas sean nuestras leyes más perfecta será también la Administración de la Justicia en España.

 

Proceso Civil

La prueba biológica en las demandas de paternidad

Jueves, 23 de octubre de 2014

Luis Bonillo Garrido

Abogado

La Constitución Española de 1978 consagra la posibilidad de que se investigue la paternidad cuándo ésta es desconocida,  lo que representa un logro importante en el Derecho de Familia en lo que se refiere a la filiación de los españoles.

En los procesos de filiación en los que se reclama la paternidad de un recién nacido o de un menor la prueba biológica de ADN se convierte en la prueba determinante. Sin embargo, esta prueba no es obligatoria para el demandado, y la negativa de éste a someterse a la citada prueba no constituye per ser una “ficta confessio”.

En estos casos no encontramos con ciertas dificultades a la hora de acreditar convenientemente que un determinado señor es el padre de la criatura. Si el demandado se niega a hacerse la prueba, ¿cómo puede demostrar la madre que efectivamente el demandado es el padre biológico?

La respuesta a esa pregunta es que el juez deberá valorar todas las pruebas propuestas por la demandante, que deberán conducir a una conclusión indubitada.

La certeza de la verdadera filiación biológica que ofrece la prueba del ADN en el marco de un procedimiento de determinación de la paternidad tiene importantes repercusiones en el orden personal, y también en los órdenes familiar, económico, patrimonial, de  nacionalidad y sucesorio.

La prueba de paternidad se basa en comparar el ADN nuclear del padre y del hijo. Para poder llevar a cabo la prueba se utilizan una serie de marcadores genéticos que son los que nos indicarán si un menor es hijo biológico del demandado.

Esta pericial biológica puede ser propuesta por cualquiera de las partes, por el Ministerio Fiscal e incluso  puede ser acordada de oficio por el juez.

La proposición de la prueba podrá realizarse antes del juicio, en los escritos iniciales del proceso, en el acto de la vista e incluso en sede del Recurso de Apelación.

Prueba realizada antes del día del procedimiento

Con carácter previo a la celebración del juicio o a la interposición de la demanda, la futura demandante puede haber obtenido el resultado de la prueba que acredite la filiación de su hijo. En el caso de que el padre biológico se haya sometido voluntariamente a la prueba, la madre puede tener en su poder el resultado de la misma. El documento que acredite el resultado deberá ser acompañado con la demanda en el momento que se decida iniciar el procedimiento judicial.

 Prueba solicitada en el escrito de demanda

La prueba biológica puede ser solicitada en la propia demanda, solicitando que se designe un perito. Esta prueba normalmente se realizar por el Instituto Nacional de Toxicología.

Prueba solicitada en la vista oral

En el caso de que no se hubiera solicitado en los escritos iniciales del proceso el juez puede decidir de oficio o a instancia de parte sobre la conveniencia de solicitar la prueba biológica que acredite la verdadera filiación del menor.

 Prueba solicitada en el Recurso de Apelación

En este momento procesal tan sólo se podrá solicitar al Tribunal si no hubiera sido posible solicitar la prueba biológica con anterioridad. Para que se acepte la solicitud de la prueba en esta instancia se deberán dar los requisitos tasados establecidos por la ley.

 Obligatoriedad de la prueba

Dispone el artículo 767 LEC que

la negativa injustificada a someterse a la prueba biológica de paternidad o maternidad permitirá al Tribunal declarar la filiación reclamada, siempre que existan otros indicios de la paternidad o maternidad y la prueba de ésta no se ha obtenido por otros medios.”

Este artículo constituye la regla general de que la negativa a someterse a la prueba biológica no supone una “ficta confessio”, pero si podrá ser valorada por el juzgador como elemento indiciario.

En este sentido, el Tribunal Supremo, en sentencia de 3 de diciembre de 1991, ha establecido que la negativa a someterse a la prueba biológica no supone reconocer los hechos, pero “la negativa merece ser seriamente ponderada en el conjunto de los elementos fácticos y probatorios del caso para atribuirle el significado correspondiente.”

En la citada sentencia el Alto Tribunal concluye

 “el afán obstruccionista concurre de forma agravada, pues, no sólo se negó el demandado a someterse a la prueba biológica, sino que, en un intento de introducir confusión, adoptó  una postura de esquivar la recepción de citaciones y de oponer a la práctica de las prueba objeciones infundadas y óbices prácticos que, en definitiva, han redundado en una lamentable pérdida de tiempo y en un bien escaso que es el servicio público de la Administración de Justicia.”

 Efectos de la Filiación

El efecto jurídico principal de ser declarado padre es la obligación de prestar alimentos, que según dispone la Ley, deberá ser proporcionales a las necesidades del menor y a los recursos del obligado al pago.

En primer lugar cabe destacar que por alimentos se entienden todas las necesidades básicas del menor, como son: alimentación, vestido, educación, sanidad, etc…

En segundo lugar, debemos mencionar que la determinación de la filiación genera unos derechos en el orden sucesorio de indiscutible importancia. Los hijos, respecto de sus padres son herederos forzosos y tienen derecho a legítima, y en la sucesión intestada, es decir, cuando no hay  testamento, son los primeros en ser llamados a la herencia.

Asimismo, debemos destacar que el reconocimiento de la paternidad tiene también efectos en el orden a la determinación de la nacionalidad del nacido, pues conforme dispone el artículo 17 del Código Civil tienen la condición de españoles de origen los nacidos de padre o madre españoles

 

 

Proceso Civil, Relaciones paterno-filiales

Costas procesales en los incidentes de medidas cautelares

Miércoles, 12 de marzo de 2014

Alejandro Seoane Pedreira (Abogado)

El proceso de medidas cautelares presenta un problema de interpretación en cuanto a la posible imposición de costas procesales. Nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil prevé la posibilidad de condena en costas en estos procedimientos en tres situaciones:

1ª) Desestimación de la medida cautelar planteada por el demandante, previa vista judicial para la audiencia de ambos litigantes (736 LEC).

En este caso nos encontramos con el supuesto previsto en los artículos 734 y 735 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que supone que se tendrá que celebrar una vista judicial en la que participarán tanto el demandante como el demandado. Será el juez, después de escuchar a las partes litigantes, el que tiene que decidir si concurren las circunstancias o requisitos para adoptar la medida solicitada por el demandante.

En caso de que la resolución judicial desestime la medida cautelar planteada, el artículo 736 de la LEC nos remite al artículo 394 del mismo texto legal en cuanto a costas procesales derivadas de ese incidente de medidas. Es por ello, y de conformidad con el principio de vencimiento objetivo (art. 394LEC), por lo que si el juez no considera que se han acreditado por la parte demandante los requisitos necesarios para la adopción de la medida cautelar planteada, impondrá a ésta las costas procesales derivadas del incidente de medidas que ella misma ha promovido.

2ª) Alzamiento de la medida adoptada sin audiencia del demandado (art. 741.2 LEC).

Es posible y así lo prevé la ley procesal civil en su artículo 733, que la medida sea adoptada sin oír al demandante cuando existan razones de urgencia o que la audiencia previa a la adopción de la medida pueda comprometer la finalidad de la misma. En estos casos, el demando al que afecta la medida cautelar podrá oponerse en el plazo de 20 días desde la notificación del auto que acuerda la medida.

En supuesto de que el demandado se oponga se celebrará una audiencia para oír a las partes, es decir, se seguirán los mismos trámites que en el supuesto anterior con la diferencia de que aquí se discutirá el mantenimiento de la medida cautelar o el alzamiento de la misma debido a que no concurren los requisitos para su mantenimiento.

Es en el caso en el que juez, después de escuchar a las parte en la audiencia, decida acordar el alzamiento de la medida cautelar cuando impondrá las costas procesales a la parte demandante tal y como prevé el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

3º) Desestimación de la oposición al auto por la que se acordó la medida cautelar sin audiencia del demandado (741 LEC).

En este caso nos encontramos en el mismo supuesto que el caso anterior, con la diferencia de que aquí el juez mantiene la medida cautelar acordada inaudita parte. Y es en el mismo artículo que el supuesto anterior, es decir, en el art. 741 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en donde se prevé la condena en costas para el demandado que se ha opuesto a medida solicitada y acordada por el Juez y que después de haber sido escuchado en la audiencia (734 LEC) ha visto rechazadas sus pretensiones.

Hasta aquí no existe ningún problema sobre los criterios que debe seguir el juez a la hora de imponer las costas procesales derivadas de los incidentes de medidas cautelares. La situación conflictiva en cuanto a las costas en estos procedimientos se produce en si cabría imponer las costas al demandado frente al que se ha acordado una medida cautelar después de haber sido escuchado y frente a la que se ha opuesto (supuesto de los artículos 734 y 735 de la LEC). Nuestra ley procesal civil no prevé la condena en costas para estos casos, y es precisamente en esta falta de regulación donde surgen las diversas opiniones jurisprudenciales.

Podemos encontrar en la jurisprudencia menor dos posiciones enfrentadas entre sí. Por un lado están los tribunales que consideran que aunque la ley no prevé la condena en costas para estos casos, lo consideran un mero vacío legal justificando la aplicación del régimen previsto en el 736 y 741 o las disposiciones generales del artículo 394 LEC y el principio de vencimiento objetivo. Es por lo que estos tribunales, consideran que se debe condenar en costas al demandado que se ha opuesto a la adopción de la medida en la audiencia y no se ha estimado su oposición.

En este sentido se han manifestado distintos tribunales como así podemos apreciar en resoluciones como por ejemplo: Auto de la Audiencia Provincial de Córdoba (Secc. 3ª) de 24 de enero de 2006, Auto de la Audiencia Provincial de Zaragoza (Secc. 5ª) de 13 de julio de 2007, Auto de la Audiencia Provincial de Castellón (Secc. 3ª) de 19 de noviembre de 2007, Auto de la Audiencia Provincial de Zamora (Secc. 1ª) de 4 de octubre de 2007 y Auto de la Audiencia Provincial de Baleares (Secc. 5ª) de 11 de junio de 2008.

Sin embargo, otros tribunales consideran que la falta de previsión legal para la condena del demandado no se trata de un vacío legal, sino que considera que así lo quiso el legislador al distinguir diversos regímenes en cuanto a la imposición de las costas procesales en los incidentes de medidas cautelares.

Esta posición doctrinal es defendida por diversos tribunales, y como ejemplo de ello véanse las siguientes resoluciones: Autos de la Audiencia Provincial Asturias (7ª) de 3/6/2005 y 30/11/2007 , de A Coruña 8/4/2008, Almería (1ª) de 10/5/2007 , Tarragona (1ª) de 14/6/2007 y ( 3ª) de 30/6/2008 , Cáceres (1ª) de 22/6/2007 , Granada (3ª) de 4/4/2008 , Rioja (1ª) de 15/2/2008 , Barcelona (1ª) de 02/6/2008 , Madrid (11ª) de 30/5/2008 , ( 21ª) de 3/6/2008 , ( 25ª) de 17/7/2008 , y junta de unificación de criterios de las Secciones Civiles de Madrid de 4/10/2007 , Burgos (3ª) de 5/6/2008 , Las Palmas (3ª) de 26/6/2008 y por último pero no por ello menos importante debido a que es muy ilustrativo el Auto de la AP de Barcelona de 2 de junio de 2008.

No soy quién para opinar sobre qué criterio es el correcto, sin embargo permítaseme expresar que desde mi humilde punto de vista la posición más acorde con los principios de seguridad jurídica y de justicia, es la que considera que no cabría imponer costas al demandado en los incidentes de medidas cautelares del artículo 734 y 735 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Ello se debe a que estamos en sede de medidas cautelares donde no se hace un análisis sobre el fondo del asunto, sino que el juez realiza una apreciación conforme a los primeros datos sin tener a su disposición todas las pruebas que permitirán un análisis sobre el fondo.

Proceso Civil

El plazo para alegar la existencia de cláusulas abusivas en ejecuciones en curso finaliza el lunes 17 de junio

Miércoles, 12 de junio de 2013

clausulas abusivas en Twitter

Pablo Sanjuán García

(Responsable Contenidos Web de Lex Nova. Abogado)

Recientemente he leído en twitter que el plazo de mes para oponerse alegando la existencia de cláusulas abusivas en los procesos de ejecución que estuvieran en curso el 15 de mayo, fecha de entrada en vigor de la Ley 1/2013 de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, finalizaba este viernes 14 de junio… y el sábado 15 e incuso el domingo 16. Leer más…

Hipotecario, Proceso Civil

Yo medio, tú medias, él media (y II): Otros puntos “calientes”

Miércoles, 20 de junio de 2012

Jaime Barbero Bajo (@Jaimebarbero)

(Coordinador del Área Civil de Lex Nova)

Aun reconociendo la buena voluntad y lo positivo de esta regulación general, no podemos dejar de lado algunas dudas y temores que nos proporciona un análisis sosegado del RD-L:

—    Posible conflicto con leyes autonómicas. En concreto, dos Comunidades autónomas (Cantabria y Cataluña) cuentan con sus propias leyes de mediación civil y otras muchas han legislado en materia de mediación familiar.

Alguna mención a la complementariedad o prevalencia de una sobre otra no hubiera estado de más ya que no tardaremos en encontrarnos con un conflicto de normas con lo que de ello se deriva.

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Proceso Civil, Resolución extrajudicial de conflictos

Yo medio, tú medias, él media (I): La figura del mediador

Martes, 19 de junio de 2012

Jaime Barbero Bajo (@Jaimebarbero)

(Coordinador del Área Civil de Lex Nova)

Ya en el Senado (y a punto de finalizar su tramitación como Proyecto de Ley), el Real Decreto-Ley 5/2012, de 5 de marzo (BOE del 6) sienta, al fin, las bases del procedimiento de mediación en materia civil y mercantil con el objeto de erigirse en alternativa a la vía judicial e institucionalizar esta figura como medio recurrente del ciudadano para la resolución de conflictos, contribuyendo, en definitiva, a aligerar la excesiva litigiosidad de nuestro sistema.

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Proceso Civil, Resolución extrajudicial de conflictos

¡Niña, deja ya el piano! (A propósito de la STS 80/2012, de 5 de marzo)

Lunes, 9 de abril de 2012

Jaime Barbero Bajo

(Coordinador del Área Civil de Lex Nova)

El Tribunal Supremo ha condenado recientemente a una pareja a indemnizar a sus vecinos del piso superior por los ruidos ocasionados por una menor (hija de la mujer demandada) que tocaba el piano de manera insistente y continuada vulnerando, según los hechos probados, el derecho fundamental a la intimidad personal y familiar en el ámbito domiciliario.

Tres son los ejes sobre los que, desde mi punto de vista, gira la argumentación judicial y que paso a analizar:

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Proceso Civil, Responsabilidad civil, Tutela civil de Derechos Fundamentales

Corrección de errores del Real Decreto-ley 5/2012…digo yo!

Jueves, 8 de marzo de 2012

Pablo Sanjuán García

(Responsable de Contenidos Web de Lex Nova. Abogado)

Desde ayer, que entró en vigor el Real Decreto-ley 5/2012, de 5 de marzo, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, “““parece””” (el exceso de comillas es intencionado) que los Secretarios Judiciales pueden ¡dictar autos!

La disposición final segunda del citado Real Decreto-ley 5/2012, que modifica varios preceptos de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil dispone en su apartado 6

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Proceso Civil