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La regulación de la mediación familiar en el ámbito autonómico

Viernes, 22 de mayo de 2015

Gloria Sánchez Castrillo

Editora (Área Derecho Privado)

Thomson Reuters 

El Preámbulo de la Ley 5/2012, de 6 de julio [RCL 2012\947], de mediación en asuntos civiles y mercantiles señala que una de las funciones esenciales del Estado de Derecho es la garantía de la tutela judicial de los derechos de los ciudadanos. Esta función implica el reto de la implantación de una justicia de calidad capaz de resolver los diversos conflictos que surgen en una sociedad moderna y, a la vez, compleja. Y añade,

“En este contexto, desde la década de los años setenta del pasado siglo, se ha venido recurriendo a nuevos sistemas alternativos de resolución de conflictos, entre los que destaca la mediación, que ha ido cobrando una importancia creciente como instrumento complementario de la Administración de Justicia.La presente Ley se circunscribe estrictamente al ámbito de competencias del Estado en materia de legislación mercantil, procesal y civil, que permiten articular un marco para el ejercicio de la mediación, sin perjuicio de las disposiciones que dicten las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus competencias”. 

 Son muchas las Comunidades Autónomas que han dictado sus leyes sobre mediación.

En Andalucía, los primeros pasos en mediación familiar e intergeneracional se dieron en el año 2001, con la puesta en marcha del primer programa de mediación familiar, que posteriormente se amplió a todas las provincias andaluzas, hasta llegar al año 2009 con la promulgación de la Ley 1/2009, de 27 de febrero, de Mediación Familiar [LAN 2009\116]. Esta Ley surge de la experiencia práctica acumulada durante los últimos años, con una concepción amplia de la mediación familiar, entendiendo que ésta no es solo un instrumento para gestionar y solucionar los conflictos derivados de situaciones de separación, ruptura de pareja o divorcio. Existen otras situaciones que generan también conflicto en el seno de la estructura familiar y a las que se puede dar respuesta a través de la mediación familiar, constituyéndose en una pieza clave para potenciar el bienestar del grupo familiar.

En Aragón, el ámbito de aplicación de la mediación familiar tenía su fundamento en que el objeto de la Ley 2/2010, de 26 de mayo [LARG 2010\253], de igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura de convivencia de los padres era el de regular las relaciones familiares en los casos de ruptura de la convivencia de los padres con hijos a cargo, entendiendo, por tanto, que la mediación familiar debía comprender únicamente los conflictos familiares referidos a rupturas de parejas con hijos menores de edad. La corriente internacional actual, al igual que están haciendo numerosas Comunidades Autónomas, apuesta por una extensión de la aplicación de la mediación familiar a cualquier conflicto surgido en el ámbito de las relaciones familiares, considerando el objeto de la mediación de forma amplia, y así lo contempla la Ley 9/2011, de 24 de marzo [LARG 2011\134], de mediación familiar de Aragón. 

En Asturias, la Ley 3/2007, de 23 de marzo [LPAS 2007\117], recuerda que corresponde también a esta Ley establecer el grado de intervención de la Administración del Principado de Asturias en relación con la mediación familiar; esta intervención se materializa, en primer lugar, a través del Centro de Mediación Familiar como órgano desconcentrado de la Consejería competente en materia de bienestar social, que asume, entre otras, funciones de promoción de la mediación, de gestión del Registro de Mediadores Familiares y de calificación de la formación, y en segundo término, la Administración autonómica también interviene a través de la mediación familiar gratuita, asumiendo los costes que de la misma se deriven.

En las Islas Baleares, la Ley 14/2010, de 9 de diciembre [LIB 2010\299] opta por un ámbito de aplicación amplio que incluye no sólo los conflictos originados en las situaciones de ruptura de pareja -tanto si se trata de matrimonios como de parejas de hecho- sino también otras circunstancias conflictivas que se pueden producir en el medio familiar. Cabe destacar la creación del Servicio de Mediación Familiar de las Illes Balears, del Registro de Mediadores y del Registro de Centros de Mediación de Colegios Profesionales y de Entidades Públicas o Privadas. 

En Canarias, la Ley 15/2003, de 8 de abril [LCAN 2003\173], establece la mediación como un sistema voluntario y extendido a cualquier conflicto que pueda surgir entre cónyuges, parejas de hecho, entre padres e hijos o entre hijos, y, en general, entre familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o aquellos que surjan entre personas adoptadas y sus familiares biológicos o adoptivos. Por otra parte, esta Ley no crea, aunque tampoco excluye, el establecimiento de algún órgano público de mediación; en cambio, sí contempla la posibilidad de que los ciudadanos con pocos recursos puedan acceder a estos servicios mediante el establecimiento de un mecanismo similar al establecido en nuestro país para acceder a la justicia gratuita o turno de oficio. 

En Castilla-La Mancha, la Ley 1/2015, de 12 de febrero [LCLM 2015\35] tiene por objeto integrar, en una única norma, los distintos ámbitos sociales y familiares de la mediación, concibiéndola para ello con carácter amplio y general, como un método de resolución extrajudicial de conflictos entre sujetos de Derecho. De esta forma, esta nueva ley pretende establecer un servicio social especializado en mediación social, que dé respuesta a conflictos no sólo de carácter familiar, sino también de carácter social. Por ello se hace necesaria la inclusión de otros conflictos que trascienden de la esfera estrictamente familiar, como son los que se producen entre los miembros de la comunidad escolar, los que pueden surgir en el ámbito sanitario o los que puedan originarse entre los responsables de las instituciones y personas usuarias de las mismas. Asimismo se introducen, en títulos diferenciados, otros ámbitos susceptibles de intervención, como son la mediación en la búsqueda de orígenes de las personas adoptadas y la mediación para la conciliación y reparación del daño, en el ámbito de la responsabilidad penal de los menores. 

En Castilla y León, la Ley 1/2006, de 6 de abril [LCyL 2006\228] parte de un concepto amplio de los conflictos familiares, en los que no sólo están comprendidos los relativos a los matrimonios o uniones de hecho, sino cualquier otro que se produzca entre parientes con capacidad de obrar, conflictos en los que el procedimiento de mediación sirva para prevenir o simplificar un litigio judicial. Todo ello teniendo en cuenta la protección de los intereses de los menores, de las personas con discapacidad y de las personas mayores dependientes. Con el fin de promover la libertad e igualdad de las personas para acudir a un procedimiento de mediación, éste deberá instarse por todas las partes de común acuerdo ante el correspondiente profesional mediador o, en el caso de la mediación gratuita, ante la persona encargada del Registro de Mediadores Familiares. Con ello, la Ley pretende evitar que la mediación pueda estar viciada en el origen por la falta de interés en acceder a ella de una de las partes en conflicto.

En Galicia, advertida la demostrada utilidad de la mediación como medio de recomposición ágil y flexible de discordias, principalmente provenientes de supuestos de separación y divorcio, consistente en la intervención de un tercero, ajeno a las partes en conflicto y experto en la materia, para ofrecerles, en el mayor grado de imparcialidad, propuestas de solución a sus desavenencias, se llega al convencimiento de la necesidad de proceder a regular la misma, en norma con rango de Ley. Se dicta así la Ley 4/2001, de 31 de mayo [LG 2001\206], basada en la consideración principal de esta institución como un mecanismo calificado de ayuda, de entre los ofrecidos por los poderes públicos gallegos en virtud de la competencia que en materia de asistencia social tiene asumida la Comunidad Autónoma, para la protección de la familia, y en particular para la protección de los intereses superiores de los niños y las niñas y del bienestar de los mismos, filosofía acorde con los principios contemplados en la Ley 3/1997, de 9 de junio (LG 1997, 226), gallega de la familia, la infancia y la adolescencia. En efecto, al limitarse su función a proporcionar auxilio y apoyo a la negociación entre las partes, su actuación se materializará en la simple mediación conciliadora o, en su caso, en propuestas de solución a aceptar, o no, libremente por los sujetos en conflicto; de ello se deduce que esta institución participa, en realidad, de las características técnicas de la mediación y la conciliación. 

En País Vasco, la Ley 1/2008, de 8 de febrero [LPV 2008\63] opta por un ámbito de aplicación amplio que se extiende más allá de los conflictos originados en las situaciones de ruptura de pareja -ya se trate de matrimonios o de parejas de hecho-, pudiéndose aplicar a otras circunstancias conflictivas que pueden darse en el medio familiar. Así, contempla entre las situaciones a las que puede extenderse la aplicación de la mediación familiar los conflictos entre progenitores y sus hijos e hijas, los conflictos surgidos entre la familia biológica y la familia de acogida, los conflictos por razón de alimentos entre parientes, los conflictos surgidos cuando los progenitores y progenitoras impidan a los abuelos y abuelas mantener relaciones normalizadas con sus nietos y nietas, los conflictos existentes entre las familias por causa de herencias o sucesiones o derivados de negocios familiares, o los originados en grupos convivenciales según lo definido en esta Ley, entre otros.

El Gobierno valenciano, en cumplimiento del mandato constitucional de facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida social, y consciente de que la sociedad valenciana requiere formas que refuercen la capacidad de los participantes para elegir las opciones más beneficiosas, que permitan conseguir un equilibrio interno en las relaciones familiares sin demoras ni conflictos innecesarios, establece en el ámbito de sus competencias una normativa específica que define y clarifica la mediación familiar, dando respuesta adecuada a los conflictos tal como hoy se dan en el seno de las familias, promulgando la Ley 7/2001, de 26 de noviembre [LCV 2001\375], configurando la mediación como un recurso complementario o alternativo a la vía judicial, para la solución de los conflictos producidos en las relaciones familiares y dando respuesta al el incremento en los últimos años de la demanda de búsqueda de sus orígenes por los hijos adoptados, lo que aconseja la mediación, como marco idóneo para canalizar el posible encuentro, dejando que sean las partes mismas quienes den forma al procedimiento en el que se conjugue el derecho a saber y el derecho a la privacidad.

Según datos de la Unión de Asociaciones Familiares (UNAF), la mediación familiar es una opción poco utilizada en España. Sin embargo, los datos señalan que el 80% de las personas que acuden de forma voluntaria a un proceso de mediación familiar logran un acuerdo, porcentaje muy alejado del 20% que lo consigue cuando los casos llegan remitidos por un juez. Por este motivo, es importante dar a conocer que es una fórmula mucho más barata y rápida que plantear una demanda en los tribunales. En concreto, la mediación tiene una duración de entre cinco y doce sesiones de una hora cada una y el coste económico es menor, pero también el emocional porque no supone tanto desgaste psicológico para las partes implicadas.

Resolución extrajudicial de conflictos

  1. Miércoles, 6 de enero de 2016 a las 17:35 | #1

    Me quito el sombrero de la recopilación que habeis hecho.
    Mil veces nos ocurre que nos perdemos entre la vorágines legislativa multiplicada por cada comunidad autónoma.
    Gracias

    • Gloria Sánchez Castrillo
      Viernes, 8 de enero de 2016 a las 13:15 | #2

      Muchas gracias por su comentario.

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