Artículos publicados en enero, 2015

Comentarios relativos al Anteproyecto de Ley de Cooperación Jurídica Internacional

Jueves, 29 de enero de 2015

Luis Bonillo Garrido

Abogado

Después de que haya transcurrido ya más de una década desde que comencé a tramitar Exequaturs en España, -tanto de sentencias como de escrituras de divorcio extranjeras-,   no puedo dejar de realizar los siguientes comentarios sobre el Anteproyecto de Ley de Cooperación Jurídica Internacional, que hemos tenido conocimiento que fue aprobado por Consejo de Ministros  el pasado 4 de julio de 2014.

 Los orígenes de la reforma

 El procedimiento de exequatur se regula en los artículos 951 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, -que continúan vigentes a estos efectos-, de conformidad con la Disposición Derogatoria de la vigente Ley procesal del año 2000, que establece, expresamente, que los citados artículos continuarán en vigor “hasta que se apruebe la Ley sobre Cooperación Jurídica Internacional en materia civil.”

El legislador del año 2000 tenía en mente que la normativa que regulara en el futuro el reconocimiento de sentencias extranjeras sería modificada por una nueva Ley relativa a la Cooperación Jurídica Internacional.

En el momento actual, quince años después, nos encontramos con la aprobación del Anteproyecto de Ley que, presumiblemente, salvo que se introduzcan modificaciones,  se convertirá en la Ley sobre Cooperación Jurídica Internacional que pasará a regular el procedimiento de exequatur en España, quedando derogados  los artículos 951 y siguientes de la antigua LEC de 1881.

El concepto de Exequatur

Cabe destacar que, por primera vez, se hace referencia en el texto del Anteproyecto  al término “exequatur”,  que es una expresión que, desde siempre,  desde el Derecho Romano, se ha utilizado en la práctica forense,  pero que jamás se había recogido en el cuerpo de la Ley. Además no sólo se hace referencia a este término sino que, además, se define expresamente como “el procedimiento para declarar a título principal el reconocimiento de una resolución judicial extranjera y, en su caso, para autorizar su ejecución”.

Por primera vez se engloban dentro de la definición de exequatur estos dos conceptos, no siempre bien definidos, por un lado, el reconocimiento, y por otro, su ejecución. Además se menciona que estas dos acciones se podrán acumular en el escrito de demanda, se podrá pedir tanto el reconocimiento como la ejecución de la sentencia extranjera.

Asimismo, por primera vez,  se pone de manifiesto que no sólo se podrán reconocer sentencias extranjeras sino que también “todo acuerdo aprobado por un órgano jurisdiccional de un Estado”. Además se podrá reconocer “cualquier documento formalizado o registrado oficialmente”. De lo que se deduce que se permitirá el reconocimiento de escrituras notariales, y de convenios reguladores de divorcio homologados por una autoridad judicial, algo que, por otro lado,  ya se permite en la actualidad.

Procedimiento de Homologación en España

El Anteproyecto de Ley define de forma pormenorizada el procedimiento de exequatur sin realizar ningún cambio sustancial ni procedimental con respecto a la normativa  actual.

No podemos dejar de mencionar en este punto que, en nuestra  opinión, cuando se trata de homologar una sentencia extranjera de divorcio de común acuerdo carece de sentido la obligación de notificar a la otra parte la solicitud de exequatur.

Ya nos hemos pronunciado en otros artículos sobre este particular, y no  podemos dejar de hacerlo de nuevo al escribir estas líneas.

Entendemos, en efecto,  que cuando se trata de homologar una sentencia dictada en el seno de un procedimiento civil contencioso conviene notificar a la otra parte la solicitud de exequatur para que la parte a la que pueda afectar la sentencia en otro país manifieste lo que a su derecho convenga, nos parece completamente razonable.

No obstante lo anterior,  cuando se trata de homologar en España una sentencia de divorcio de común acuerdo no parece razonable que se tenga que notificar la solicitud de exequatur al ex cónyuge,  porque quien estaba de acuerdo con el divorcio en el extranjero también lo estará en nuestro país.  No llegamos a entender qué puede argumentar una persona física para oponerse a algo con lo que estuvo conforme en cualquier otra parte del Planeta.  A nuestro  juicio no es necesario que se tenga que notificar a la contraparte porque por experiencia sabemos que la otra parte (que no ha solicitado el exequatur) nunca se opone, y no sólo eso, sino que ni siquiera se persona nunca en el procedimiento.

Por ello, lo reiteramos, una vez más: la notificación a la contraparte es innecesaria, no es razonable, y supone, en definitiva,  que en la  práctica el procedimiento se demora varios meses, e incluso, en ocasiones, queda paralizado sine die, porque no se localiza al ex marido o a la ex mujer que pueden tener su domicilio en cualquier país lejano, en el que las comisiones rogatorias no se tramitan con mucha agilidad.

Procedimiento contradictorio

Observamos, asimismo,  que el legislador regula minuciosamente el procedimiento y lo convierte,  ahora sí,   en un procedimiento contradictorio clásico, en el que una de las partes formaliza demanda frente a otra, y además la demanda deberá ajustarse a los requisitos del artículo 399 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Como novedad procedimental,  la parte que no solicita el exequatur podrá formular escrito de oposición impugnando, de este modo, los motivos por los que el demandante estime que procede el reconocimiento.

En la regulación actual se dice que se deberá “oir” a la contraparte, ahora se dice directamente que la contraparte podrá formular escrito de oposición.

Hasta ahora algunos autores habían defendido que el procedimiento de exequatur no es un procedimiento estrictamente contradictorio, sino que, por el contrario, es un procedimiento de jurisdicción voluntaria. Es más, algunos autores mantienen la idea de que realmente no se trata de una demanda de exequatur, sino que, en puridad, debemos hablar de una solicitud de exequatur. Debo confesar que yo también he sido siempre de esta opinión. Nunca he entendido el procedimiento de exequatur como un procedimiento contencioso, porque no se formula ninguna pretensión contra un tercero,  no se le reprocha  nada a nadie; en mi opinión no cabe hablar de demandado, porque no le estamos pidiendo nada a nadie,  tan sólo pedimos que si una sentencia tiene validez jurídica en un tercer país solicitamos que también la tenga en el nuestro, pero nada más.

Si además queremos que esa sentencia se cumpla en nuestro país deberemos solicitar la ejecución, pero insisto en que no estamos iniciando ninguna pretensión frente a un tercero.

No obstante lo anterior, el legislador actual mantiene la estructura básica de un procedimiento contencioso, en el que existe una demanda, un demandante y un demandado, algo que, en mi opinión, no es correcto. Debería configurarse como un procedimiento de jurisdicción voluntaria, en el que lo que se formula es una solicitud, en concreto, una solicitud de reconocimiento, y en su caso, de ejecución.

Conclusiones

El Anteproyecto de Ley de Cooperación Jurídica Internacional no ofrece ninguna novedad sustancial en lo que se refiere al procedimiento de exequatur en España. La nueva ley no supondrá ningún cambio en el procedimiento, en nuestra opinión, la nueva ley debería agilizar, modernizar y perfeccionar el procedimiento.

Cabe destacar que el anteproyecto aborda otras muchas cuestiones que no se han comentado  en este artículo porque tan sólo nos hemos referido al procedimiento de homologación y ejecución de sentencias extranjeras.

Como conclusión debemos manifestar de nuevo que ésta podría haber sido una buena ocasión para eliminar la necesidad de notificación del exequatur a la contraparte cuando se trate de homologar en España sentencias de divorcio de común acuerdo. Además, el procedimiento debería ser un procedimiento de jurisdicción voluntaria, más sencillo y no articularlo como un procedimiento contradictorio en sentido clásico.

Estos comentarios han sido realizados bajo el convencimiento que cuanto más perfectas sean nuestras leyes más perfecta será también la Administración de la Justicia en España.

 

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